SANTO DOMINGO, RD.- Un escándalo político se desató este martes con la presentación de una querella ante el procurador general de delitos electorales del Tribunal Superior Electoral (TSE) contra Tommy Galán, secretario de Asuntos Electorales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y otros imputados.
La acusación, respaldada por destacadas figuras como José Nicacio Díaz Guzmán, Ana Olivia Guzmán y Frederick L. Ferreras González, alega una seria violación a la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La controversia se desencadenó después de que Galán, exsenador con influencia en el PLD, hiciera públicas declaraciones admitiendo haber hackeado el sistema de cómputos de la Junta Central Electoral (JCE).
Estas revelaciones llevaron a los querellantes a solicitar una investigación inmediata del Ministerio Público y la imposición de una significativa indemnización de 25 millones de pesos dominicanos, buscando compensación por daños morales, materiales, psicológicos y sociales.
La querella detalla minuciosamente que Galán habría incurrido en delitos electorales, violando varios artículos de la ley 53/07 y del Código Penal Dominicano. La conexión con el precedente de la suspensión de las elecciones de febrero de 2020, debido a un supuesto hackeo, añade un nivel de gravedad a estas acusaciones.
Además, se hace una referencia puntual a la situación denunciada por Leonel Fernández en la convención interna del PLD en 2020, donde se alegaron fraudes y hackeo del sistema a través de un algoritmo. Este episodio llevó a la división de la organización política con la formación de la Fuerza del Pueblo (FP) por parte de Fernández Reyna.
La querella subraya que las declaraciones de Galán no solo involucran delitos electorales, sino que también podrían tener implicaciones penales, al enmarcarse dentro de las vulneraciones que establecen los artículos 86 al 90 del Código Penal Dominicano. Dichos artículos castigan los crímenes contra la seguridad interior del Estado, incluso con la posibilidad de desencadenar una guerra civil.
Ante este complejo escenario, el TSE se enfrenta a la tarea crucial de llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer la veracidad de las acusaciones y determinar las posibles consecuencias legales para Tommy Galán y los demás implicados. La incertidumbre política se intensifica en la República Dominicana mientras se espera el desarrollo de esta trama judicial.
