Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) apoderó, de las denuncias de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) del uso y abuso de los recursos del Estado en la campaña, a la Unidad de atención, seguimiento y mecanismos de ejecución de las sanciones, a ley de 13 días para las elecciones.
En comunicaciones remitidas a los delegados de los partidos, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, precisó que la decisión se adoptó a los fines de garantizar el debido proceso en el procedimiento administrativo sancionador electoral.
El PLD denunció vía la Secretaría General de la JCE, en fechas 11 y 30 de enero del presente año 2024, que el Gobierno central estaba favoreciendo a los candidatos del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) haciendo uso de los recursos del Estado.
Como evidencias, Danilo Díaz y José Dantés, delegados del PLD, citaron que la vicepresidenta Raquel Peña entregó el Bono Navideño en el club de Pueblo Nuevo, Santiago, el 7 de diciembre del 2023, en cuyo acto estuvo el candidato a alcalde Ulises Rodríguez.
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También, que el sábado 6 de enero, Tony Peña Guaba, coordinador de Políticas Sociales, desarrolló un operativo médico y entrega de juguetes en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, con la participación de Dío Astacio, candidato a alcalde en Santo Domingo Este.
Ese mismo día, en Consuelo, San Pedro de Macorís, Peña Guaba hizo lo mismo junto al alcalde Luis Gómez y la gobernadora Araceli Villanueva, candidatos a diputado y a senadora por el PRM, respectivamente.
Además, aducen que el día 9 de enero, Rolfi Rojas, director de la Comisión de Apoyo al Desarrollo Barrial, entregó una iglesia en el municipio de Ramón Santana, en San Pedro, con la asistencia de la candidata a senadora. Un día después, el 10, la directora del Plan Social de la Presidencia, Yadira Enrique, despachó 15 camiones con raciones de alimentos para el municipio de Fantino, provincia Sánchez Ramírez, los que habría distribuido entre los candidatos del PRM.
Mientras, Fuerza del Pueblo apeló a la JCE el pasado 31 de enero, solicitando al organismo adoptar como medida cautelar “la prohibición al candidato presidencial del PRM y presidente de la República, Luis Abinader, de participar en actividades de rentabilidad electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales de obras construidas por cualquiera de las entidades gubernamentales, durante el período oficial de la presente campaña”.
