EE.UU. – La investigación sobre el manejo de documentos clasificados que enfrenta el presidente estadounidense, Joe Biden, ha concluido y el fiscal especial a cargo del caso publicará pronto sus hallazgos, reveló este miércoles el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en una carta enviada a miembros del Congreso.
En dicha misiva, a la que ha tenido acceso EFE, Garland no proporcionó detalles sobre las conclusiones alcanzadas por el fiscal Robert Hur, quien ha estado investigando a Biden por documentos clasificados encontrados en 2022 en su residencia en Wilmington (Delaware) y en su oficina privada en el Penn Biden Center, en Washington D.C.
Después de que hallaran esos documentos, Garland nombró en enero del año pasado a Hur, cercano al Partido Republicano, para que ejerciera de fiscal especial.
La figura del fiscal especial se emplea en Estados Unidos para casos en los que el fiscal general del país pueda tener un conflicto de interés con el tema investigado, como en este caso, dado que Garland fue designado para su cargo por el propio Biden y el presidente opta a la reelección en las elecciones de 2024.
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Los fiscales especiales actúan de manera independiente al Departamento de Justicia y, al terminar sus pesquisas, elaboran un informe que suele ser enviado primero al Congreso y posteriormente se hace público.
El informe de Hur podría incluir recomendaciones sobre si deben presentarse cargos penales contra Biden. Sin embargo, según adelantó ayer martes el diario The Washington Post, los fiscales no planean imputar a nadie.
Las investigaciones a presidentes y sus asesores suelen ser siempre complicadas porque la política del Departamento de Justicia es que un jefe de Estado en activo no puede ser acusado de un delito. Sin embargo, los asesores de Biden sí podrían ser imputados si se encuentran pruebas para ello.
En el centro de la investigación se encuentran unos documentos de la época en la que Biden fue vicepresidente con Barack Obama (2009-2017) y que los abogados del actual mandatario encontraron en noviembre de 2022 cuando estaban limpiando su oficina privada en el Penn Biden Center, un centro de estudios vinculado a la Universidad de Pensilvania.
En ese caso, fueron devueltos inmediatamente a los Archivos Nacionales, encargados de preservar ese tipo de documentos oficiales, y se inició en el Departamento de Justicia una investigación para determinar si se había violado alguna ley.
Más tarde, en diciembre de 2022, los abogados de Biden registraron su casa en Wilmington y encontraron en el garaje un «pequeño número» de documentos con marcas que indicaban que se trataba de material clasificado, según informó posteriormente la Casa Blanca.
En enero, los abogados encontraron otros documentos en la casa de Wilmington, en una habitación adyacente al garaje.
La vivienda de Biden en la playa de Rehoboth (Delaware) también fue registrada el año pasado, pero no se encontró ningún material clasificado, según la Casa Blanca.
Trump también está siendo investigado y ha sido imputado con 40 cargos penales en Florida por mal manejo de documentos clasificados y obstrucción a la justicia, ya que durante meses guardó esos materiales en cajas en su mansión en Mar-a-Lago (Florida) y se negó a devolverlos a los Archivos Nacionales.
Según la información que se ha hecho pública, ambas investigaciones son muy diferentes: el número de documentos en cuestión en la investigación de Biden ronda los 20, mientras que Trump supuestamente retuvo ilegalmente 300 documentos.