La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a República Dominicana tomar medidas para promover la participación de la mujer en espacios políticos y en puestos de poder y decisión, así como para prevenir, proteger y defender sus derechos.
En un comunicado emitido por el Sistema de Naciones Unidas en República Dominicana con motivo del Día Internacional de la Mujer, la ONU recomienda al Estado y a los partidos adoptar medidas y políticas públicas que reduzcan las barreras existentes, como modificaciones a la normativa electoral y a la Ley de Partidos Políticos a favor de la paridad y el equilibrio de género.
Como ejemplo de la situación en el mundo de la política, la nota señala que en las recientes elecciones municipales se registró una disminución del 2 % de mujeres alcaldesas, que ahora representan un 10 % del total, aunque sí hubo un aumento del 11 % en cargos de regidurías y vocales (41 %).
Te puede interesar: Consejo de Seguridad de la ONU realizará “sesión extraordinaria” para tratar caso de Haití
Según el Índice de Paridad Política (IPP) sobre el progreso de los derechos políticos de las mujeres, República Dominicana se sitúa en 49,4 puntos sobre 100, «lo cual evidencia que todavía queda un largo camino por recorrer», añade.
«Para avanzar es necesario impulsar transformaciones culturales y socioeconómicas que reconozcan y valoren la influencia de la mujer en la sociedad, reduciendo así el impacto negativo de la desigualdad de género», asegura el coordinador residente de Naciones Unidas en el país, Mauricio Ramírez Villegas.
Para la ONU, una mayor participación de la mujer en puestos de toma de decisión tendría «un impacto muy importante en la capacidad de la sociedad dominicana de acelerar las transformaciones necesarias para alcanzar la igualdad de género y reducir las brechas existentes».
Al respecto, destaca que la violencia de género es un problema estructural en República Dominicana, con una de las tasas más altas de feminicidios de la región (2,4 por cada 100.000 mujeres), a lo que se suman los embarazos y maternidades tempranas estrechamente asociados a la pobreza económica y educativa.
Además, hay restricciones a los derechos sexuales y reproductivos en «uno de los pocos países del mundo» que no ha despenalizado las tres causales para la interrupción del embarazo (producto de violación o incesto, riesgo vital para la madre y malformaciones del feto incompatibles con la vida).
También la pobreza y la inseguridad alimentaria afectan más a las mujeres, en especial en zonas rurales (con una inseguridad alimentaria moderada del 54 % frente al 46 % en áreas urbanas), hay importantes disparidades de género en el mercado laboral, tanto en tasa de ocupación (48 % en comparación con el 60,4 % a nivel nacional) como en remuneración, y en el hogar la carga doméstica y
