Estados Unidos continúa su cruzada contra las grandes tecnológicas. Usando unas en ocasiones el Departamento de Justicia y en otras, la Comisión Federal de Comunicaciones (FTC), el Gobierno de Joe Biden ha emprendido una ofensiva contra lo que considera prácticas monopolísticas ilegales de compañías como Apple, Alphabet (Google), Amazon y Microsoft.
El último capítulo es una demanda de gran calado anunciada este jueves por el fiscal general, Merrick Garland, contra Apple por mantener un coto cerrado sobre su producto estrella, el iPhone.
Los fiscales han comparado la demanda con otros grandes casos antimonopolio históricos, como los presentados contra AT&T y Microsoft. Las acciones de Apple han caído en Bolsa este jueves un 3%. Para una compañía valorada en cerca de 2,7 billones de dólares, eso es un mordisco de más de 80.000 millones de dólares.
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La nueva demanda, de 88 páginas, ha sido presentada por el Departamento de Justicia y los fiscales generales de 16 Estados ante un tribunal federal de Nueva Jersey. En ella, acusan al gigante tecnológico de violar las leyes antimonopolio al bloquear a sus rivales el acceso a las funciones de hardware y software de su teléfono inteligente, de modo que entorpece su capacidad para ofrecer productos y servicios alternativos a los de la propia compañía dirigida por Tim Cook.
“Apple ha mantenido un poder de monopolio en el mercado de los teléfonos inteligentes, no simplemente por ir por delante de la competencia en los méritos, sino por violar la ley federal antimonopolio. Los consumidores no deben pagar precios más altos porque las empresas infrinjan la ley”, ha dicho Garland en una comparecencia junto a su equipo de fiscales.
“Si no se le hace frente, Apple seguirá reforzando su monopolio de los teléfonos inteligentes”, añade el fiscal general. Apple tiene una cuota del 70% en el mercado estadounidense de teléfonos inteligentes de alto rendimiento. “Apple ha mantenido su poder, no por su superioridad, sino por su comportamiento ilegal de exclusión” sostiene Garland.
La demanda no solo afecta al lucrativo negocio de servicios de Apple, sino que va de lleno al corazón de su modelo de negocio, en que los usuarios forman parte de una red en la que, de alguna forma, están atrapados y dependen de lo que les ofrezca la compañía. En caso de prosperar puede implicar no solo multas y compensaciones económicas, sino también cambios de gran trascendencia en la forma en que opera.
Apple considera que la acción está equivocada “desde el punto de vista de los hechos y de la ley”. “Esta demanda amenaza lo que somos y los principios que distinguen a los productos de Apple en mercados ferozmente competitivos. Si prosperara, obstaculizaría nuestra capacidad de crear el tipo de tecnología que la gente espera de Apple, en la que el hardware, el software y los servicios se entrecruzan. También sentaría un peligroso precedente, al facultar al Gobierno para intervenir de forma contundente en el diseño de la tecnología de la gente”, ha indicado en un comunicado.
