Madrid (EFE).- La decisión que pueda anunciar mañana lunes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de abandonar o permanecer en la jefatura del Ejecutivo, marcará la vida política más inmediata en el país y abre un escenario incierto con muchos interrogantes que, en su mayoría, tienen respuesta en la Constitución, la ley electoral y el Reglamento del Congreso.
¿Y si Pedro Sánchez dimite?
La Constitución española prevé la posibilidad de que el presidente del Gobierno renuncie al cargo. El artículo 101 tiene previsto el escenario de una dimisión o fallecimiento de jefe del Ejecutivo o de una pérdida de confianza parlamentaria, como podría derivarse de una moción de censura exitosa o del fracaso de una cuestión de confianza presentadas en el Congreso.
En este caso, la dimisión de Sánchez conllevaría que todo el gabinete, incluido el propio presidente y sus ministros, continuarían en funciones hasta que se nombre un nuevo presidente del Gobierno.
Ello significa que durante ese periodo el Gobierno estaría limitado en sus atribuciones, sin capacidad para legislar o de convocar elecciones.
¿Quien nombraría al nuevo presidente?
Como ocurre después de unas elecciones generales, sería el Congreso el encargado de elegir al sucesor Sánchez. El proceso, establecido en el artículo 99 de la Constitución, sería idéntico al de las investiduras que se celebran tras unos comicios al Congreso y al Senado.
Lo primero que tendría que hacer el Partido Socialista (PSOE) es designar un candidato a la investidura, si es que antes no lo ha propuesto el propio Sánchez en su mensaje de renuncia.
Por una cuestión de mera jerarquía en el gabinete, lo natural es que entre esos sucesores se encontraran la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; o la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
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No obstante, no es necesario que el relevo de Sánchez sea miembro del Gobierno, ni siquiera diputado, ni tampoco militante del PSOE.
Una vez despejada esa incógnita, el rey Felipe VI haría una ronda de consultas con los portavoces de los partidos con representación en la Congreso de menor a mayor y, tras escuchar sus opiniones, designaría un candidato.
En esta hipótesis, el candidato designado por el monarca para suceder a Sánchez se sometería al debate de investidura y para ser elegido debería recibir el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso (176 diputados de 350) en primera votación o más síes que noes, en segunda.
Si el candidato no lograra ser investido, arrancaría un plazo de dos meses en el que nuevos candidatos propuestos por el rey podrían optar a la Presidencia.
Si tras estos dos meses ningún candidato consigue la confianza del Congreso, las Cortes se disolverían de forma automática y se convocarían nuevas elecciones.
