Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, quiere impedir que se haga un documental sobre el asesinato de su hijo. Así, ha anunciado que emprenderá acciones judiciales para intentar frenar la producción y emisión de un documental sobre Gabriel, el cual contaría con la participación directa de su asesina pese a que la misma cumple una pena de prisión permanente revisable en la cárcel de Brieva (Ávila).
En una rueda de prensa en la Diputación de Almería, Patricia, visiblemente afectada ha explicado que cuenta con indicios suficientes para saber que durante los últimos meses una productora, cuyo nombre ha declinado revelar, estaría preparando un ‘true crime’, en el que se incluirían entrevistas a Ana Julia Quezada, la asesina de su hijo, pese a sus intentos por denunciar dicha situación tras haberla puesto en conocimiento del Ministerio del Interior y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Las querellas interpuestas por la madre de Gabriel se deben a supuestas «irregularidades» en la cárcel de Ávila, dónde se encuentra Quezada interna, por «un presunto delito de cohecho en el que estarían implicados, por lo que saben de una fuente directa, funcionarios, personas relacionadas fuera de la cárcel con la prensa y la propia presa y, de forma subsidiaria sus guardadores, que serían Instituciones Penitenciarias».
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Acompañada por su psicólogo, Francisco Martín Murcia, Ramírez ha aseverado que si «atacan el honor» de su hijo, también atacan el suyo y el de su familia. «Es mi hijo, no fue. Y somos inseparables, lo que le hagan a él, me lo hacen a mí y a toda su familia (…)» ha defendido.
Patricia Ramírez ha asegurado ha tratado, en calidad de víctima, contactar con el juez de Vigilancia Penitenciaria para hacerle llegar las «irregularidades» sobre lo que ocurre en prisión, ya que, según ha afirmado, la interna incluso tendría en su poder un teléfono móvil que facilitaría determinadas grabaciones, así como sobre la responsabilidad civil que aún no está resuelta y que asciende, en total, a medio millón de euros a favor de los padres.
«La contestación fue denegarme la personación, que pudiera comunicarme con ellos y presentar un recurso», ha apuntado ante la última respuesta recibida durante la noche de este mismo viernes en el acto celebrado en el Palacio Provincial de Almería, el cual acogió en su día la capilla ardiente de Gabriel Cruz donde fue despedido por «miles de personas» y que ha sido elegido de nuevo para «honrar su memoria».
La mujer ha explicado el periplo vivido por ella y el padre de Gabriel, Ángel Cruz, en los tres últimos años cuando, por primera vez, un «grupo multimedia» acudió a Almería a informarles de la intención de hacer un documental con Ana Julia Quezada.
Patricia Ramírez ha indicado que ese proyecto inicial se paralizó por la presión social que movilizó al respecto, toda vez que durante este tiempo se han producido una serie de hitos legislativos con la inclusión en la Ley Orgánica de Protección del Menor de un artículo para hacer constar el consentimiento expreso de los padres a la hora de usar la imagen de menores, incluso fallecidos, u otras figuras de protección del honor de menores en la leyes autonómicas.
Asimismo, ha explicado su rechazo a exponer de nuevo la imagen de su hijo en otros proyectos audiovisuales.
También ha detallado las iniciativas emprendidas tras enterarse, hace un año y medio aproximadamente, que a Ana Julia Quezada se le había concedido un permiso para grabar dentro de la cárcel únicamente en formato audio bajo el argumento de que se obtendrían «ciertos beneficios» que, según habrían justificado, a la postre servirían para hacer frente a las responsabilidades civiles.
«Pagarla para que nos veje», ha resumido Patricia, quien ha criticado que durante este tiempo aún no se ha depurado la situación económica de Ana Julia Quezada al no haberse investigado sus bienes en República Dominicana ni su estado actual. Aquello dio lugar al inicio de contactos para personarse como víctima.
Según la información que maneja la madre de Gabriel Cruz, desde al menos noviembre del pasado año se estaría grabando «un documental dentro de la prisión con la asesina» ante lo cual, acabó por reunirse el 27 de diciembre del pasado año con el secretario de Estado de Seguridad y con el secretario general de Vigilancia Penitenciaria, a quienes hizo constar que la presa contaba con un teléfono móvil y con dinero que le habrían hecho llegar bajo la «complicidad» de los funcionarios en sucesivos vis-a-vis.
Pese a que se le aseguró de que desde Vigilancia Penitenciaria eran contrarios de otorgar permisos para grabar a este tipo de presos, Patricia Ramírez asegura que este mismo mes de abril «dentro de la cárcel se la sigue grabando» y que «la producción ya está prácticamente», toda vez que se ha contado con otros testimonios cercanos a ella.
«Nos informan que sigue siendo gestionada por su abogado y de que además va a tener ciertos beneficios», se ha quejado la madre de Gabriel Cruz, quien entiende que se estaría grabando «de forma ilícita», por lo que ha señalado las «irregularidades» que se estarían cometiendo en prisión.
