Lima, (EFE).- La minera Poderosa denunció este sábado que un grupo armado atacó sus instalaciones, hirió a tres trabajadores y mantiene el control de un nivel de la explotación de oro que tiene en la provincia de Pataz, en el norte de Perú, a pesar de que la zona fue declarada en emergencia por el Gobierno ante la presencia de la minería ilegal.
La empresa señaló, en un comunicado difundido en sus redes sociales, que el ataque comenzó durante la madrugada del pasado jueves, cuando los delincuentes ingresaron disparando con armas de fuego a los vigilantes, lo que dejó a tres personas heridas por esquirlas.
Uno de los vigilantes fue retenido por los presuntos mineros ilegales durante seis horas y los heridos fueron trasladados a la ciudad de Trujillo, la capital de la región de La Libertad, donde «se vienen recuperando satisfactoriamente», añadió.
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«Los delincuentes armados mantienen el control en el Nivel 2820 y para tal fin han bloqueado las conexiones a esta labor, impidiendo el ingreso al área por parte del personal de la empresa y sus contratistas», alertó la empresa.
Poderosa aseguró que informó de inmediato a las autoridades de estos hechos «que se suscitan a pesar de que Pataz se encuentra bajo estado de emergencia y se cuenta con un importante contingente de las fuerzas del orden en la zona».
Recordó que en diciembre pasado también fue blanco de un ataque de mineros informales, que causó la muerte de nueve trabajadores, y que en los últimos meses sufrió otros atentados «perpetrados por mineros ilegales coludidos con bandas criminales, que han dinamitado las torres de alta tensión» que alimentan sus operaciones.
Afirmó, además, que las interdicciones que hacía la Policía en las bocaminas ilegales en la zona se suspendieron hace dos meses y que los agentes «siguen sin ingresar a las galerías subterráneas para desalojar a los mineros ilegales que mantienen tomadas 25 galerías».
Tras conocerse la información, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) condenó «enérgicamente este nuevo atentado» y expresó su «preocupación por la inacción del gobierno ante la escalada de violencia en la región La Libertad».
«Instamos al Gobierno a actuar de manera decidida y efectiva para restaurar el orden y garantizar la seguridad de la región. No podemos permitir que la inacción perpetúe esta situación de inseguridad y violencia», indicó el instituto en un comunicado.
