Es una tradición del Ministerio Público ventilar primeramente en los medios casos tan escandalosos como el denominado “operación Camaleón”, en el que se involucra al exdirector del Intrant, Hugo Beras, al empresario José Ángel Gómez y otros en irregularidades en una licitación para la modernización, ampliación y gestión de los semáforos del Gran Santo Domingo.
El director de la Pepca (Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa), Wilson Camacho, ha declarado que contra los imputados hay pruebas suficientes.
No puede ser de otra manera, porque sería otra vergonzosa mancha para el Ministerio Público que el caso, como ha ocurrido con otros, naufrague en los tribunales por falta de pruebas.
No hay necesidad de un recuento, pero es importante que Camacho sepa que con toda la alharaca que ha habido en la lucha contra la corrupción, la población no abriga la menor ilusión de que la justicia brillará.
No solo hay más desesperanza que esperanza, sino que en distintos sectores se culpa al Ministerio Público de incompetencia o de las debilidades adrede de los expedientes.
En el caso Camaleón no se necesita el protagonismo de los fiscales contra los imputados ni deben repetirse prácticas que han desacreditado la lucha contra la corrupción.
Las pruebas que dice Camacho se tienen en el caso Camaleón tienen que ser reales para salvar la imagen de la Pepca, que en la batalla contra la corrupción ha dejado mucho que desear.
