Santo Domingo El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, ponderó este domingo qué, el Tribunal Constitucional fundamentó su decisión para anularla la Leey 1-24 sobre un error procedimental durante el trámite legislativo de la norma, sin cuestionar su contenido ni identificar violaciones a derechos fundamentales.
Aseguró que, según el «fallo, la ley fue aprobada en ambas cámaras con las mayorías necesarias, pero sin cumplir con las formalidades requeridas para su convocatoria y tratamiento como ley orgánica”, explicó.
Peralta reafirmó que, el Poder Ejecutivo tiene un compromiso con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la protección de los intereses de la ciudadanía en el ámbito de la seguridad nacional.
«Este incumplimiento vicia la validez de la ley, dado que las normas orgánicas requieren procedimientos específicos según la Constitución y los reglamentos legislativos”, sostuvo.
Explicó que, la naturaleza orgánica de la Ley 1-24 está vinculada al ámbito de la seguridad y defensa nacional, lo que le confiere carácter orgánico, pero no regulaba directamente derechos fundamentales como alegaban algunos accionantes”.
Con respecto a la observación formal, planteó que “el Tribunal Constitucional subrayó que la nulidad responde exclusivamente a un aspecto formal, ya que no se respetaron las reglas de convocatoria para su tratamiento. Este fallo pone énfasis en la necesidad de seguir los procedimientos legislativos con rigor”.
El Poder Ejecutivo respeta y acoge el criterio del Tribunal Constitucional, resaltando su compromiso con el cumplimiento estricto de las disposiciones constitucionales y legislativas.
“Saludamos el empeño del Tribunal en garantizar el cumplimiento del procedimiento legislativo en todos sus detalles, lo que fortalece nuestra institucionalidad. El Gobierno está comprometido a seguir impulsando iniciativas que cumplan a cabalidad con el marco jurídico establecido”, expresó el consultor jurídico.
Expresó que, aunque la sentencia no las señala explícitamente, las irregularidades mencionadas pueden ser subsanadas mediante el procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional.
Peralta recordó qué, el Poder Legislativo analiza una propuesta de reforma de la Ley núm. 1-24, fruto del consenso entre el gobierno y diversos actores de la sociedad civil.
