Sugiere una serie de medidas a cumplir y deben ser coordinadas con entidades firmantes del Pacto Nacional de Seguridad Vial.
Este martes los firmantes del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, que busca la construcción del Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030, han sido convocados a la primera reunión preparatoria de un programa que, como parte del decreto 656-24, debe estar listo y aprobado en mayo próximo.
La nota de prensa del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) puntualiza que la reunión “servirá como una oportunidad para afianzar los conocimientos de los asistentes” y es una sesión facilitada, en parte, por especialistas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En las bases del acuerdo pactado se rescata la visión que una vez arribado a 2030 se reduzca en un 50 por ciento las muertes ocasionadas por accidentes de tránsito, mediante un plan cuya implementación hace necesario el fortalecimiento de la educación vial.
Esta declaración de 11 páginas, el rol de los actores demanda la elaboración y puesta en marcha de planes laborales de Seguridad Vial y Movilidad, que permita que las empresas privadas, instituciones públicas, asociaciones sin fines de lucro y todas las organizaciones con empleados realicen “acciones preventivas y correctivas”.
La misma lleva a fomentar las auditorías e inspecciones de seguridad vial en las carreras del país, bajo un proceso estandarizado “que permita identificar los puntos críticos o tramos de concentración de accidentes”.
También señala la reeducación de los conductores de las diversas ramas, las cuales se concentran en el transporte de pasajeros, de carga, turístico, escolar y otros. En la sintonía con revisión y mejora permanente del régimen de consecuencias, “de acuerdo con las tendencias de ciudadanos”.
Hace un llamado a contribuir con la “comercialización de vehículos seguros” y que cuenten con “los elementos modernos de seguridad activa y pasiva”, orientados a los “mejores estándares locales e internacionales”.
Las cuestiones a fomentar incluyen el desarrollo de investigaciones en seguridad vial, las que deben ejecutarse en la educación superior y centros de “generación de conocimiento”, sin olvidar que los actores deben apoyar la rápida aprobación y efectiva implementación de los reglamentos contenidos en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Estos deben promover un “sistema de transporte ordenado y organizado que fomente el uso eficiente del espacio vial y contribuya a reducir el manejo imprudente y desaprensivo, que constituye una de las principales causas de accidentes”.
Las consideraciones finales del acuerdo recuerdan que implementar acciones en materia de Tránsito y Seguridad Vial es una “tarea compleja que requiere capacidad, esfuerzo sostenido a largo plazo y responsabilidad compartida”.
Según el decreto 656-24, el Intrant deberá establecer un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación.
