Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) ha expresado su preocupación ante la reciente decisión del Tribunal Constitucional, contenida en la sentencia TC/0788/24, que declara no conformes con la Constitución los artículos 156 y 157 de la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.
Dichos artículos establecen que las candidaturas independientes deben presentarse a través de agrupaciones políticas constituidas conforme a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
FINJUS ha reiterado que los procesos electorales en la República Dominicana son un pilar fundamental de la vida democrática, permitiendo el desarrollo de una cultura cívica que ha integrado nuevos elementos al ordenamiento jurídico. Esta evolución ha sido tomada en cuenta por los órganos constitucionales y los tomadores de decisiones.
En el marco del régimen electoral y la función esencial del Estado, FINJUS subraya que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos representan la garantía idónea para el correcto desarrollo de una democracia representativa y participativa. La Constitución dominicana define la naturaleza de estas organizaciones, señalando que “la organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley.”
El jurista Hans Kelsen destacó la importancia de que los partidos políticos estén contemplados en la Ley Sustantiva, indicando que su inserción constitucional permite democratizar la formación de la voluntad colectiva dentro de su esfera. FINJUS sostiene que esta perspectiva doctrinal refuerza el rol de los partidos como auxiliares del Estado, elementos clave del engranaje constitucional y garantes de la democracia.
De acuerdo con estudios de opinión como el Latinobarómetro, más del 60% de la población dominicana considera que “no puede haber democracia sin los partidos políticos”. Aunque es reconocida la complejidad y los desafíos internos de estas organizaciones, su impacto mayoritario en el contexto nacional las convierte en un anclaje vital para el desarrollo institucional.
FINJUS expresa su preocupación de que esta reciente sentencia del Tribunal Constitucional pueda desvirtuar los esfuerzos dirigidos a fortalecer la democracia interna de los partidos políticos. Esto podría dar lugar al surgimiento de una “razón antipolítica”, que, según el jurista Flavio Darío Espinal, podría debilitar los partidos y desarticular el sistema político.
La Fundación insta a que, ante los desafíos en la representación política, se evite adoptar decisiones jurídicas que puedan debilitar la institucionalidad de las organizaciones políticas. Estas decisiones podrían generar grupos espontáneos fuera de la fiscalización institucional, confundir a la ciudadanía y afectar la estabilidad democrática de la Nación.
FINJUS llama a una discusión nacional amplia que promueva el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos y el aumento de la confianza de la ciudadanía en estas organizaciones. De lo contrario, la sentencia del Tribunal Constitucional podría poner en riesgo décadas de avances históricos e institucionales, generando escenarios electorales menos representativos y más opacos que los actualmente vigentes en el ordenamiento jurídico del país.
