El presidente Luis Abinader dispuso la racionalización del gasto público durante este año mediante la aplicación y cumplimiento de un conjunto de medidas administrativas, entre ellas la prohibición de compra de vehículos y la realización de viajes y fiestas.
La medida del Poder Ejecutivo está contenida en el decreto 105-25, fechado el 28 de febrero, que en su artículo dos señala que las las mismas aplican a los órganos de la administración pública bajo dependencia del Poder Ejecutivo, así como para los organismos autónomos y descentralizados.
Sin embargo, el decreto, de manera excepcional, expresa que se podrían efectuarse compras de vehículos de motor cuando la institución correspondiente cuente con autorización escrita emitida al efecto por el ministro Administrativo de la Presidencia y cumpla con todas las normas aplicables.
En cuanto a las exoneraciones y exenciones de vehículos deberán autorizarse de conformidad con lo dispuesto en las leyes que rigen la materia.
“El Ministerio Administrativo de la Presidencia queda a cargo de articular los esfuerzos de todas las dependencias gubernamentales vinculadas a la aplicación de las disposiciones del presente decreto” señala.
“Queda prohibido el uso de vehículos oficiales durante los sábados, domingos”, establece el decreto.
Decretos anteriores
Es la tercera disposición del gobernante en ese sentido en sus dos mandatos. En el 2021, a través del decreto 396-21, el Poder Ejecutivo dispuso reducciones en gastos relacionados con viajes al exterior, la compra de vehículos de lujo, remodelaciones de alto costo, agasajos y celebraciones.
En el 2022, un año después, Luis Abinader hizo lo propio y prohibió la compra de vehículos de motor y de boletos de viajes oficiales en el Gobierno central con la finalidad de racionalizar el gasto público. La decisión se encuentra en el decreto 3-22.
Mientras que en el 2024, con el fin de eficientizar el gasto quedó se prohibió mediante el decreto 71-24, los viajes al exterior, compras de automóviles de lujo, uso de vehículos oficiales los fines de semana y una merma del personal militar y policial asignado a funcionarios.
