Por Nelson Rojas
El estudio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) que señala que el 50% de la población dominicana vive en estado de pobreza pone de manifiesto una realidad alarmante. La discrepancia entre los datos oficiales y la situación real sugiere que hay una desconexión entre lo que el gobierno comunica y lo que realmente enfrenta la población.
La corrupción extrema de los funcionarios es un factor crítico que perpetúa la pobreza. Cuando los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de la población son mal administrados o desviados, se crea un ciclo de desigualdad y desconfianza. Además, el robo de ayudas internacionales, que deberían ser utilizadas para el desarrollo y el bienestar social, agrava aún más esta crisis.
La falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública es un obstáculo significativo para el progreso. Para poder construir un futuro más próspero, es esencial que se implementen reformas que promuevan la integridad y la justicia en el uso de los recursos del Estado. La ciudadanía, a través de la participación activa y el ejercicio de sus derechos, puede jugar un papel crucial en exigir cambios y mejorar la situación del país.
