La comisión de la Cámara de Diputados, que recomienda el sometimiento a juicio político de los miembros del órgano fiscalizador del Estado, aduce que estos incurrieron en prácticas que ameritan su destitución.
Los miembros actuales de la Cámara de Cuentas incurrieron en faltas graves en el ejercicio de sus funciones, por lo que deben ser juzgados ante el Senado de la República por haber violado varios artículos de la Constitución, según la Comisión Especial designada para investigar a los miembros del órgano fiscalizador del Estado.
La comisión, presidida por el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, recomendó el sometimiento a juicio político del presidente de la entidad, Janel Andrés Ramírez Sánchez, y de los demás miembros, Elsa María Cataño Ramírez, Tomasina Tolentino de Mckenzie, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa María Peña Peña, así como realizar una reforma institucional para evitar que esta situación se repita en el futuro.
La comisión propuso al pleno de la Cámara de Diputados la aprobación del proyecto de resolución mediante el cual se acusa a los miembros de la Cámara de Cuentas ante el Senado de la República y se solicita su destitución.
También solicitan remitir al Senado los medios de prueba que sustentan las imputaciones contra los miembros de la Cámara de Cuentas, a fin de que sean ponderados en ocasión de la celebración del juicio político para su destitución.
Entre los puntos más preocupantes que presenta el informe de la comisión investigadora de la actual gestión de la Cámara de Cuentas, se encuentra la mala gestión y los conflictos internos.
El informe sostiene que los miembros de la Cámara de Cuentas protagonizaron una serie de enfrentamientos que afectaron el funcionamiento de la institución. Se identificó irrespeto y falta de comunicación, lo que llevó a la inoperatividad del Pleno y al retraso de importantes auditorías.
También se detectaron irregularidades en la ejecución presupuestaria. Se observó que, en los años 2021 y 2022, la Cámara de Cuentas no ejecutó gran parte del presupuesto asignado:
• En 2021, de RD$1,674 millones, solo se ejecutó el 54%.
• En 2022, de RD$1,474 millones, solo se ejecutó el 68%.
• Al final de 2022, se habían acumulado RD$1,296 millones en fondos no utilizados, de los cuales RD$500 millones estaban en un certificado financiero, lo que generó intereses por RD$30 millones.
Se menciona también la falta de auditorías y la manipulación de informes. Se reportó un grave retraso en la realización de auditorías, incumpliendo el Plan Anual de Auditoría:
• En 2021, solo se completaron 10 de 79 auditorías programadas.
• En 2022, solo se hicieron dos de 88 auditorías.
Igualmente, se detectó el uso indebido de fondos públicos. Se encontraron pagos irregulares, como indemnizaciones a empleados sin justificación, así como el uso de recursos públicos para fines administrativos en lugar de auditorías, que es la función principal de la institución.
También se observó falta de control en la elaboración del presupuesto. El presupuesto de la Cámara de Cuentas de 2022 y 2023 fue elaborado sin la participación de las comisiones especializadas del Congreso, violando la Ley 10-04.
Antecedentes
Los motivos que generaron la investigación fueron las exposiciones públicas en los medios de comunicación de las profundas diferencias entre los miembros de la Cámara de Cuentas sobre el manejo de la institución.
Entre estas se citó el irrespeto y la desconsideración entre sus miembros, lo cual ha generado la percepción de un deterioro significativo de la imagen y credibilidad institucional de la Cámara de Cuentas.
Los medios de comunicación se hicieron eco de las controversias que surgieron entre los miembros de la Cámara de Cuentas, lo que motivó que los presidentes de las cámaras legislativas celebraran reuniones para promover una conciliación; sin embargo, los esfuerzos no se concretaron.
Mediante la resolución 00507, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en la sesión número 22, ordinaria, del 10 de mayo de 2023, se creó la Comisión Especial para que investigara la presunta comisión de faltas graves de los miembros de la Cámara de Cuentas, en ocasión de las denuncias presentadas por algunos de sus miembros.
La Comisión Especial le imputa a Ramírez Sánchez rechazar y archivar de forma ilegal informes de auditorías con indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil, sin haber debatido el contenido y los hallazgos que presentaban los mismos.
Igualmente, le imputa haber votado en bloque los diez expedientes de auditorías con hallazgos y resultados diferentes, listados a continuación:
• Conocimiento del informe de la auditoría a las informaciones financieras incluidas en los estados financieros de la Comisión Hípica Nacional Hipódromo V Centenario, correspondiente al período entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018.
• Conocimiento del informe de Investigación Especial a la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), correspondiente al período entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2017.
• Conocimiento del informe de la Auditoría a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Ganadería (DIGEGA), correspondiente al período entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.
• Conocimiento del informe de Auditoría practicada al manejo de los fondos entregados por la Junta Central Electoral al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), correspondiente al período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.
• Conocimiento del informe de Auditoría a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, correspondiente al período entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.
Mientras que a Cataño Ramírez se le imputa la alteración de actas, al firmar el acta y la resolución ADM-2022-12 sin que el Pleno la haya conocido, leído y aprobado, en razón de que fue elaborada con posterioridad e introducida irregularmente en el acta del Pleno anterior con fechas alteradas y sin que el tema estuviera contenido en la agenda.
Igualmente, se le imputa haber participado en la celebración de una sesión del Pleno de la Cámara de Cuentas constituido ilegalmente y haber votado en la adopción de decisiones relativas al nombramiento y revocación de desvinculación del personal de la institución, lo cual se comprueba en el acta, video y audio de la sesión correspondiente al Pleno Ordinario PL-2022-020 del 29 de julio de 2022.
También se le imputa la comisión de usurpación de funciones del presidente de la Cámara de Cuentas, al delegar a la licenciada Adriana Castillo las competencias que correspondían al licenciado Norvin de Bergés, director de la Dirección de Análisis Presupuestario, lo cual se comprueba en el correo electrónico remitido a las 09:37 AM del martes 9 de mayo de 2023.
Mientras que a Tolentino de Mckenzie se le sindica la comisión de usurpación de las funciones del presidente de la Cámara de Cuentas, al disponer el cambio de horario para la prestación de servicios de los señores Leyton Mejía y José Ramón Rubén, según se comprueba en los correos electrónicos a la Dirección de Recursos Humanos, de fecha 10 de agosto de 2021.
También se le imputa haber votado a favor de la aprobación de los informes a remitir al Congreso Nacional, sin que dichos informes contaran con las auditorías a la ejecución del Presupuesto General del Estado de los años 2020, 2021 y 2022.
Igualmente, se le imputa participar en la elaboración del proyecto de presupuesto de la Cámara de Cuentas de los años 2022 y 2023 sin la participación de una comisión especializada integrada por representantes de la propia Cámara de Cuentas, el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
Por igual, la Comisión Especial le imputa a Fernández Burgos rechazar y archivar de forma ilegal informes de auditorías con indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil, sin haber debatido el contenido y los hallazgos que presentaban los mismos, y haber votado en bloques los diez expedientes de auditorías con hallazgos y resultados diferentes.
También, le imputa la asignación ilegal de los fondos públicos por haber favorecido con su voto el pago de una indemnización en ocasión de la “solicitud de desvinculación, del señor Alfredo Antonio Peralta Rivas, mediante una propuesta de la señora Elsa Peña.
En tanto que, a Elsa Peña Peña la comisión le imputa la usurpación de las funciones del presidente de la Cámara de Cuentas, al disponer el traslado de una unidad administrativa a otra dentro de la institución a la señora Endry Mel Calderón Paulino.
También a Elsa Peña se le imputa un mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, al exhibir un comportamiento que afectó la buena administración de la Cámara de Cuentas, lo cual ha provocado una crisis institucional, debido a las diferencias que sostienen los miembros del ente constitucional, todo lo cual se comprueba en los videos y en las actas de las sesiones del Pleno de la Cámara de Cuentas.
