Caracas (EFE).- Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) rechazaron las sanciones de Estados Unidos y las deportaciones a terceros países, como el reciente traslado de más de 200 migrantes a El Salvador por parte de la nación norteamericana.
Durante la XXV Reunión del Consejo Político de la organización, en Caracas, el titular de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, señaló que varios de los países integrantes de la alianza son «víctimas de sanciones, de medidas coercitivas unilaterales y de amenazas diarias» que, sin embargo, no los «hacen retroceder».
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó el «firme respaldo» del Gobierno de Miguel Díaz-Canel a Venezuela, al tiempo que rechazó que EE.UU., dijo, recurra «al uso de herramientas económico-comerciales brutalmente punitivas, cuyo efecto pernicioso repercutirá negativamente» en los pueblos.
Asimismo, condenó el «secuestro sin jurisdicción ni debido proceso, sin juicio, defensa ni sanción de tribunal competente, y envío a terceros países por parte de Estados Unidos de migrantes venezolanos y de cualquier ciudadanía», lo que consideró como «un acto atroz».
Rodríguez también acusó a Washington de aplicar «políticas discriminatorias, represivas e ilegales que agreden la dignidad y los derechos humanos» de los migrantes, mientras -agregó- «acude al chantaje, la intimidación y la implementación de un número creciente de medidas coercitivas unilaterales».
En ese sentido, el canciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, expresó la «invariable y creciente solidaridad» con el «hermano pueblo y Gobierno» de Venezuela y el de Cuba.
«Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de todos estos hermanos migrantes secuestrados y encarcelados», dijo Jaentschke, quien también condenó el «ilegal e inhumano bloqueo» estadounidense contra Cuba.
SOLIDARIDAD CON CUBA
Por su parte, la ministra de Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa, exigió «el cese de las medidas coercitivas unilaterales» contra Venezuela y Nicaragua, así como «la eliminación del bloqueo inhumano al hermano pueblo de Cuba».
La funcionaria también condenó la «criminalización de los migrantes» y «su traslado a centros de detención en terceros países o deportados en condiciones que vulneran sus derechos».
A su juicio, es «necesario consolidar una posición común de rechazo a la criminalización de la migración que hoy está aplicando el presidente de los Estados Unidos (Donald Trump)».
«Rechazamos la aplicación de políticas que fomentan deportaciones masivas y tratos inhumanos hacia las personas migrantes», expresó Sosa, quien advirtió también que las medidas de la Administración Trump «amenazan a la convivencia pacífica» y a la soberanía de los pueblos.
En consonancia con sus homólogos, el canciller de San Vicente y las Granadinas, Frederick Stephenson, aseguró que las sanciones «unilaterales, sin importar su objetivo, son ilegales» y tienen «terribles consecuencias que agravan el sufrimiento humano», por lo que hizo un llamado a su levantamiento.
