Santo Domingo – El reverendo diácono Frank Luis de la Cruz Alcequiez centró su reflexión de la Quinta Palabra de Jesús en la cruz —“Tengo sed” (Juan 19:28)— en la situación de las personas privadas de libertad en la República Dominicana, haciendo un llamado a la acción social, la compasión y a una reforma profunda del sistema penitenciario.
Su demanda fue expuesta durante el Sermón de las Siete Palabras celebrado este Viernes Santo en la Catedral Primada de América.
El predicador, adscrito a la Parroquia Resurrección del Señor en Herrera, planteó que la sed que expresó Jesús antes de morir representa no solo un sufrimiento físico, sino también el anhelo profundo de justicia, reconciliación y dignidad humana.
En ese sentido, señaló que muchos presos en el país experimentan una “sed espiritual y existencial”, producto del abandono, el hacinamiento y las fallas del sistema judicial.
“El drama del hacinamiento carcelario en nuestro país es una sed que clama por ser escuchada”, expresó.
Citó como ejemplo el hecho de que una celda diseñada para 40 personas pueda albergar hasta 200, lo que calificó como una realidad “terrible y perversa”. También hizo referencia a los retrasos judiciales, la llamada “mora judicial”, que mantienen a cientos de personas privadas de libertad sin condena, algunas con medidas de coerción extendidas de forma indefinida.
De la Cruz Alcequiez agradeció los esfuerzos que realiza la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica, que ofrece acompañamiento espiritual, formación y asistencia jurídica a los internos. “En cada privado de libertad vemos el rostro de Jesús”, dijo, subrayando la necesidad de que más laicos y profesionales se integren a este ministerio de misericordia.
Asimismo, el diácono mencionó las carencias en los servicios de salud dentro de las cárceles, la escasa atención médica y la falta de condiciones humanas para los internos, situaciones que vulneran derechos fundamentales y profundizan la exclusión social.
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Finalmente, abogó por una reforma profunda del sistema penitenciario, mayor inversión en infraestructura carcelaria y acciones legales que garanticen el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad.
