El Gobierno presentó hace unos días una denuncia penal contra diez exfuncionarios de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y una empresa, por un contrato para la construcción de 18 piscinas industriales que son «inoperables» y que causó un daño económico de 425 millones de bolivianos (61,1 millones de dólares).