La decisión también incluye el uso de grilletes electrónicos y la prohibición de salir del país, manteniendo así la medida de coerción impuesta anteriormente.
Los hechos ocurrieron el 31 de mayo de 2021 cuando la víctima se desplazó a uno de los bares que tenía en la localidad barcelonesa de Sant Andreu de la Barca, en el que trabajaba la agresora.
La solicitud se presentará ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional en las próximas horas, tras la ejecución de una orden de arresto.