Washington no detalló los nombres o la cantidad de personas afectadas por esta nueva medida, pero precisó que los sancionados son dueños de empresas que «ofrecen transportes marítimos que facilitan el movimiento irregular» de personas en el continente.
Agregó que las autoridades de migración tienen el deber de revisar cada autobús de transporte, conjuntamente con el Ejército desde las provincias de las zonas fronterizas.
El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 desplegó inmediatamente asistencia, enviando cinco ambulancias de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), una de la Policía Nacional y otra de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).
Este proyecto, originado como un Plan Piloto el 22 de octubre de 2022 mediante el decreto No. 616-22 del presidente de la República, tiene como objetivo principal asegurar un transporte cómodo y seguro para los centros educativos públicos en todo el país.