El Gobierno de la República Dominicana rechazó este viernes las acusaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) referentes a la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0168/13, de la que se cumplen 10 años y que privó de la nacionalidad dominicana a miles de personas.
En un comunicado, la organización se refirió a la sentencia, «que resultó en la privación arbitraria de nacionalidad dominicana a un número considerable de personas y dejó apátridas a quienes no eran consideradas nacionales de ningún otro Estado».
En el documento, la entidad llamó al Estado dominicano a «adoptar medidas efectivas para restituirles el derecho a la nacionalidad a las personas» que siguen en esa condición y «a abstenerse de adoptar leyes, políticas públicas o medidas legislativas, administrativas o judiciales que generen riesgos de apatridia en el país».
El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana emitió una nota de prensa rechazando «contundentemente las acusaciones de la CIDH en el sentido de que lo expuesto en dicho comunicado no presenta objetivamente la situación de la nacionalidad en el país».
Según la Cancillería, el comunicado de la CIDH «no contempla el contexto histórico y legal ni los esfuerzos realizados por el gobierno para cumplir con la Ley 169-14 (de Naturalización Especial), que busca armonizar la sentencia TC/0168/13 con las normas constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos».
Asimismo, destaca los «importantes esfuerzos» que ha realizado el Estado dominicano «para resolver los problemas relacionados con la nacionalidad, los cuales han incluido la promulgación de la Ley 169-14 sobre Naturalización, que ha sido ampliamente respaldada por la sociedad dominicana».
La Ley, según el comunicado de Exteriores, «ha restituido el estatus jurídico anterior a 60.773 personas afectadas por la sentencia» del Constitucional «y se ordenó expedir sus documentos como dominicanos», pero solo 26.123 acudieron a retirar sus documentos, «los restantes 34.110 no los han recogido».
El Gobierno dominicano, que dijo tomar nota de las observaciones y recomendaciones planteadas por la CIDH, «está comprometido con la promoción de políticas y programas que fomenten la inclusión, la igualdad y no discriminación y el respeto a la diversidad étnica y racial de la sociedad dominicana».
Tras señalar los esfuerzos realizados «por garantizar el acceso universal a la salud y a la educación de todos los habitantes» de su territorio, el Gobierno dominicano reiteró su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad.
