SANTO DOMINIG, RD.- El Ministerio Público ha dado un golpe contundente al crimen organizado al solicitar prisión preventiva para 10 individuos implicados en una red criminal desmantelada durante la Fase II de la Operación Caimán.
Esta operación, llevada a cabo en colaboración con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio de Defensa, ha revelado un entramado delictivo dedicado a actividades ilícitas como asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas, lavado de activos y porte ilegal de armas de fuego.
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Los presuntos criminales, identificados como Malbin Martínez Féliz, Gloria Elena Cuevas, Geise Féliz Pérez, Wilkin Joel Cuevas Ferreras, Wilmer Joel Cuevas Florián, Wellington Ford Garó, Jerbinson Bernabé López, Máximo Andrés Ruiz Moreta, Carlos Manuel Cuevas Pérez y Rafael Marcelo Saldaña Cuevas, son acusados de formar parte de una estructura que operaba desde el departamento La Guajira, Alta Guajira, en Colombia, hacia las costas del sur de la República Dominicana.
Durante la operación, se incautaron importantes cargamentos de clorhidrato de cocaína, así como armas ilegales, vehículos, drones, embarcaciones, dispositivos de navegación y comunicación, evidencias de transferencias financieras y planes de navegación relacionados con el tráfico internacional de drogas.
Esta red delictiva había establecido vínculos con socios en Colombia, evidenciados por las colaboraciones financieras y operativas descubiertas durante la investigación.
La Operación Caimán, desplegada de manera conjunta por aire, mar y tierra, abarcó diversas provincias del sur y Santo Domingo Este, donde operaban los integrantes de esta estructura criminal.
Más de 40 fiscales participaron en los allanamientos llevados a cabo en San Juan, Barahona, Baní, Pedernales y Santo Domingo Este, con el apoyo de alrededor de 500 miembros de la DNCD y las Fuerzas Armadas, incluyendo unidades sensitivas.
Con esta acción, las autoridades dominicanas han logrado un importante avance en la desarticulación de una red criminal dedicada al tráfico de drogas a gran escala, contribuyendo así a fortalecer la seguridad y el Estado de derecho en el país.
