Aquel 18 de diciembre de 2010, hace casi 14 años, la filtración de documentos clasificados por parte del sitio web Wikileaks de Julian Assange salpicó a la República Dominicana, concretamente al hacer mención de funcionarios por presuntos actos de corrupción.
Se trató de documentos enviados por empresarios estadounidenses a su embajada en Santo Domingo en los que se quejaban de comportamientos no éticos de funcionarios dominicanos que les exigían el pago de sobornos para favorecer su actividad comercial o «no ponerles trabas» en el desarrollo sus negocios en el país.
Andrés Van Der Horst, quien era director de Departamento Aeroportuario, de él se dijo que alegadamente habría solicitado cinco millones de pesos para «salirse del camino» y no ponerle trabas a la empresa Advent International, que en aquel entonces era dueña de Aerodom.
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El exsecretario de Turismo, Félix -Felucho- Jiménez, también fue mencionado.
El cable en Wikileaks decía que el exembajador de Estados Unidos en República Dominicana Robert Fannin (2007-2009), denunció que a la empresa Forbes Energy, Jiménez presuntamente le pidió diez millones de dólares a cambio de conseguir los permisos necesarios para una planta de producción de etanol, a finales del 2007.
El ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Rafael Luciano Pichardo (fallecido), supuestamente figuraba como la persona que presuntamente recibió unos 40 mil dólares para subvertir la decisión final en el caso del fraude del Banco Intercontinental (Baninter).
Para la fecha, cada uno por separado negó la ocurrencia de estos hechos, Jiménez y Van Der Horst dijeron que demandarían al fundador del sitio web.
Organismos como Participación Ciudadana (PC), la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) y la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) calificaron como graves las acusaciones y demandaron una investigación.
