Sin embargo, dicen apoyar el inicio del proceso de regulación de la publicidad del Gobierno, aunque señalan que el decreto 1-24 favorece desproporcionadamente a los grandes medios, afectando a los medios alternativos y periodistas independientes.
Para garantizar la transparencia en los procesos de contratación, se exigirá documentación que demuestre el público objetivo de la publicidad, alineándose con los objetivos de la institución contratante.